La Confederación Sindical Internacional (CSI) ratificó a Venezuela en el nivel 5 de su Índice Global de Derechos (IGD) 2025, categoría que agrupa a los países donde no existen garantías para el ejercicio libre del sindicalismo.
La evaluación reafirma el deterioro sostenido de las condiciones laborales en el país caribeño, señalando un patrón de represión sindical, persecución judicial y ausencia de instituciones protectoras para las y los trabajadores.
El informe indica que la criminalización del disenso laboral se mantiene como práctica sistemática. En los últimos años, se documentaron detenciones arbitrarias, condenas por cargos falsos y allanamientos en sedes sindicales con el objetivo de sustituir dirigentes independientes por figuras afines al Gobierno.
La CSI destaca que Venezuela comparte este nivel crítico con países como Myanmar, Camboya y Belarús, donde los mecanismos judiciales se utilizan para silenciar al movimiento sindical mediante procesos sin garantías.
