Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump de anular la orden judicial que declaró ilegal la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos. La decisión, emitida por el Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco, mantiene vigente el amparo migratorio mientras continúa el litigio.
El fallo ratifica la resolución del juez Edward Chen, quien el 5 de septiembre determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus atribuciones al intentar finalizar el programa. “Anular y poner fin al TPS de Venezuela ha sumido en la incertidumbre el futuro de estos ciudadanos venezolanos y los expuso a un riesgo sustancial de expulsión injusta, separación de sus familias y pérdida de empleo”, señaló el tribunal.
El panel de tres jueces, todos designados por presidentes demócratas, sostuvo que el Congreso no contempló un desenlace de ese tipo y se negó a suspender el fallo mientras el gobierno apelaba. El Departamento de Justicia advirtió que podría llevar el caso ante la Corte Suprema, que en mayo ya había permitido la cancelación parcial del TPS para unos 348.000 venezolanos.
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La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la decisión como “un desafío abierto contra la Corte Suprema de Estados Unidos” y aseguró que el Noveno Circuito “no es la última instancia”. El gobierno argumenta que la resolución de mayo debería haber invalidado también el fallo más reciente de Chen.
El TPS es un mecanismo migratorio creado en 1991 para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias. Proporciona autorización de trabajo y protección contra la deportación. Bajo la administración de Joe Biden, el programa fue ampliado para incluir a más de 600.000 venezolanos y 521.000 haitianos.
La revocación del TPS en febrero por parte de Noem fue impugnada por beneficiarios del programa y por la Alianza Nacional del TPS, que presentaron una demanda argumentando que la medida era arbitraria y violaba el debido proceso. El fallo del miércoles representa un nuevo revés judicial para la administración Trump en su intento por restringir protecciones migratorias.
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