La reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales ha encendido el debate sobre la legalidad de estas acciones bajo el derecho internacional. Mientras la administración Trump justifica los operativos como parte de su estrategia contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional, organismos multilaterales y expertos en derecho marítimo advierten sobre posibles violaciones a tratados vigentes y principios fundamentales de soberanía.
Según fuentes del Departamento de Defensa, los ataques se enmarcan en la zona de responsabilidad del Comando Sur y apuntan a estructuras vinculadas al Tren de Aragua y al supuesto Cártel de los Soles, ambos considerados por Washington como amenazas directas a la seguridad nacional. La Casa Blanca sostiene que se trata de operaciones de “legítima defensa anticipada”, amparadas por la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada tras los atentados del 11 de septiembre.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha calificado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y ha solicitado una investigación independiente. La Convención sobre el Derecho del Mar, ratificada por más de 160 países, establece que en alta mar ninguna nación puede ejercer jurisdicción sobre embarcaciones de otro Estado sin consentimiento previo, salvo en casos de piratería, trata de personas o contaminación grave.
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“La interceptación violenta de embarcaciones sin orden judicial ni proceso de verificación vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida”, señala la jurista colombiana María del Pilar Cuéllar, especialista en derecho internacional humanitario. “Incluso si se sospecha de tráfico ilícito, deben agotarse mecanismos de abordaje, advertencia y captura antes de recurrir al uso de fuerza letal”.
Venezuela ha denunciado los ataques como actos de agresión y ha solicitado la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. En paralelo, el despliegue de submarinos nucleares y ejercicios militares en el Caribe ha sido interpretado por Caracas como una escalada bélica encubierta. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de utilizar el combate al narcotráfico como fachada para presionar políticamente y justificar una intervención regional.
En este contexto, la reactivación de bases como Roosevelt Roads en Puerto Rico y el uso de terminales estratégicas en Jamaica y Panamá refuerzan la hipótesis de una campaña de reposicionamiento militar en el hemisferio. La disputa por rutas marítimas, puertos y soberanía territorial se convierte así en un tablero de maniobras donde el derecho internacional enfrenta tensiones crecientes.
Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido transparencia en los operativos y garantías de protección para las tripulaciones afectadas. El debate jurídico sigue abierto, y podría escalar hacia instancias multilaterales si se repiten los ataques sin mediación diplomática.
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