Perú enfrenta una crisis persistente de violencia de género, con cifras de feminicidio que revelan una realidad estremecedora. Solo entre enero y octubre de 2024, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 132 feminicidios, de los cuales más del 52 % fueron perpetrados por parejas de las víctimas. En el 31,8 % de los casos, el crimen ocurrió en la vivienda de la mujer, consolidando al hogar como el lugar más peligroso para muchas peruanas.
A pesar de la gravedad de los hechos, casi la mitad de las víctimas no había solicitado medidas de protección, lo que evidencia barreras estructurales en el acceso a servicios de prevención. El temor, la desconfianza institucional y el desconocimiento siguen siendo factores que impiden a muchas mujeres denunciar a tiempo.
Las regiones urbanas concentran los índices más altos de violencia. Lima lidera el número de casos, seguida por Arequipa y Piura, zonas que también registran mayores denuncias por violencia familiar. En enero de 2025, se reportaron 17 nuevos feminicidios y más de 500 denuncias por violencia en departamentos como Moquegua, Apurímac y Arequipa.
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Desde 2015, cuando Perú comenzó a contabilizar oficialmente los feminicidios, las cifras han oscilado, pero el patrón se mantiene: la mayoría de las víctimas tenía una relación afectiva con su agresor y era madre de uno o más hijos. El acuchillamiento fue la modalidad más frecuente en 2024, presente en el 22,7 % de los casos.
Uno de los casos más recientes que conmocionó al país fue el de Sheyla Cóndor, joven de 26 años, asesinada y descuartizada presuntamente por un policía en actividad. La familia denunció negligencia en la atención de la desaparición, lo que retrasó la investigación durante días cruciales.
A pesar de los esfuerzos institucionales, como los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y el Programa Nacional Aurora, la violencia extrema contra las mujeres sigue en ascenso. En 2024 se registraron 162 feminicidios, superando los 136 de 2021.
La magnitud del problema exige respuestas urgentes y sostenidas. Más allá de las cifras, cada feminicidio representa una vida arrebatada, una familia destruida y una sociedad que aún no logra garantizar el derecho básico de las mujeres a vivir sin miedo.
