Un informe demoledor elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025. El documento, que será presentado este lunes en Ginebra, expone asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.
La investigación se centró en el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, y sostiene que la represión desatada a partir del 29 de julio representa una continuación agravada de un plan estatal para aniquilar a opositores reales o percibidos. La responsabilidad recae sobre el régimen venezolano y sus cuerpos de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN y la DGCIM.
Las víctimas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras. El informe detalla patrones de actuación como detenciones violentas, irrupciones en domicilios por parte de individuos encapuchados, traslados en vehículos sin identificación y ausencia de órdenes judiciales. También se denuncia el uso de leyes antiterroristas y de la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia, con aval del sistema judicial.
La Misión atribuye al menos 30 muertes a la represión estatal, 25 de ellas durante protestas y cinco bajo custodia. Tres personas fallecieron tras su excarcelación por deterioro de salud. En casos emblemáticos como la protesta en Maracay, se identificó a miembros de la cadena de mando militar presentes durante la represión. Las investigaciones oficiales fueron opacas, sin participación de familiares y con represalias contra quienes denunciaron.
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El informe documenta torturas sistemáticas: golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos. Las condiciones en centros como Tocorón y Tocuyito fueron descritas como inhumanas, con hacinamiento, insalubridad y falta de atención médica. También se registraron 30 casos de desaparición forzada, 12 de ellos confirmados, y violencia sexual contra mujeres, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad.
La Misión denunció la detención arbitraria de 220 menores durante las protestas postelectorales, sometidos a tratos crueles, incomunicación y procesos judiciales sin garantías. Además, se documentó el hostigamiento a periodistas, bloqueos digitales, vigilancia tecnológica y criminalización de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El informe concluye que la impunidad es estructural y que el Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables. Las víctimas enfrentan obstáculos insalvables para obtener justicia, en un clima de miedo y represión que afecta a toda la sociedad civil. El documento incluye 19 casos ilustrativos que representan apenas una fracción de la magnitud de la crisis.
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