Organismos defensores de los derechos humanos en Nicaragua lanzaron este domingo una grave advertencia sobre lo que califican como un “exterminio silencioso” de opositores y críticos del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La denuncia se produce tras la muerte bajo custodia de dos ciudadanos detenidos por razones políticas, cuyos cuerpos fueron entregados sin explicación oficial a sus familiares.
“Esta semana, el régimen de Nicaragua ha cruzado un umbral intolerable”, señalaron en una declaración conjunta el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco. “Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, han sido entregadas muertas por el Estado”.
Muertes bajo custodia: ¿patrón sistemático?
Las víctimas son el abogado Carlos Cárdenas Zepeda, detenido hace quince días, y el opositor Mauricio Alonso, cuyo cuerpo fue entregado esta semana tras más de un mes de detención. Cárdenas Zepeda fue identificado como exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el diálogo nacional de 2018, lo que refuerza el carácter político de su detención.
“Las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, alertaron los organismos, que aseguran que estos casos no son aislados, sino parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y tortura.
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Actualmente, al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada, entre ellos 11 mujeres, según cifras de las organizaciones. La doble tortura que enfrentan sus familias —la ausencia de información y el hostigamiento institucional— agrava el drama humanitario.
Riesgo de muerte en prisión
“Cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte”, denunciaron familiares de presos políticos, quienes exigen la liberación inmediata de todos los detenidos por razones ideológicas. También solicitaron una investigación internacional independiente sobre las muertes bajo custodia estatal y medidas urgentes de protección para quienes sobreviven en condiciones inhumanas.
Desde la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), se acusó al régimen sandinista de haber convertido el aparato estatal en una “maquinaria de muerte sistemática”. “Las cárceles nicaragüenses operan como centros de exterminio de ciudadanos sentenciados por pensar diferente”, señalaron en su comunicado.
Contexto de represión prolongada
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Los comicios se realizaron con sus principales contendientes en prisión, quienes luego fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos.
La denuncia internacional se intensifica mientras el régimen mantiene su ofensiva contra la disidencia, y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la desaparición forzada y el asesinato se han convertido en herramientas de Estado para silenciar toda oposición democrática.
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