El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que ha elevado una “consideración constitucional” al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con base en el artículo 130 de la Constitución, solicitando que se autorice la retirada de la nacionalidad venezolana a quienes, según sus palabras, se sumen a ejércitos extranjeros con el propósito de invadir el país.
La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que ha reforzado su presencia militar en el mar Caribe. Maduro calificó la acción como “necesaria para defender la patria ante cualquier agravio exterior”, y advirtió que “no permitiremos que fuerzas extrañas vengan a someter a Venezuela”.
Fundamento invocado y límites constitucionales
El artículo 130 de la Constitución establece que “los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria”, pero no contempla la pérdida de la nacionalidad como sanción directa. Más aún, el artículo 34 de la misma Carta Magna es claro:
“La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad”.
Y el artículo 36 agrega:
“La nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada”.
Esto significa que ningún ciudadano nacido en Venezuela puede ser despojado de su nacionalidad, incluso en casos de traición o delitos graves. La jurisprudencia constitucional y el derecho internacional también reconocen el principio de prohibición de apatridia, lo que refuerza la inconstitucionalidad de una medida de este tipo si se aplicara a venezolanos por nacimiento.
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Escalada militar y antecedentes
Maduro justificó su solicitud al TSJ como una respuesta a lo que considera “la mayor amenaza que ha enfrentado nuestro continente en cien años”, en referencia al despliegue de buques, aviones y personal militar estadounidense cerca de las costas venezolanas.
En septiembre, el Ejecutivo decretó un estado de conmoción externa, activando la movilización de milicias y fuerzas armadas en todo el país. La nueva solicitud al TSJ se suma a una serie de medidas orientadas a reforzar el discurso de defensa nacional ante una supuesta agresión extranjera.
Reacciones y advertencias
Organizaciones de derechos humanos y juristas han advertido que la privación de nacionalidad por razones políticas o ideológicas constituye una violación grave del derecho constitucional y del derecho internacional. Además, alertan que este tipo de medidas podrían ser utilizadas para criminalizar la disidencia o perseguir a opositores en el exilio.
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