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Washington ha encendido las alarmas. El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó esta semana al presidente venezolano Nicolás Maduro de colaborar activamente con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia territorio estadounidense.


“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista”, declaró Cole en una entrevista con Fox News, en la que también mencionó vínculos con las disueltas FARC y la banda Tren de Aragua. Según el funcionario, el régimen de Maduro estaría facilitando rutas de tráfico desde territorio venezolano, en coordinación con grupos armados colombianos, para abastecer a redes criminales que operan en la frontera sur de EE.UU.

Las acusaciones se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está “preparado para usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su país. En paralelo, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de tres buques de guerra con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, en lo que Caracas ha calificado como una “provocación militar” que pone en riesgo la paz regional.

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Desde Caracas, Maduro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “infundadas y peligrosas”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue más allá, señalando que “la DEA es el mayor cartel de drogas del mundo”, y que los propios informes de la agencia no mencionan a Venezuela como actor relevante en el tráfico hacia EE.UU.

Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que una eventual invasión estadounidense convertiría a Venezuela en “otra Siria” y arrastraría a Colombia a un conflicto armado de consecuencias imprevisibles.

La acusación de la DEA no es aislada. Se suma a una serie de señalamientos previos del Departamento de Justicia y del Tesoro estadounidense, que han vinculado al régimen venezolano con el llamado Cartel de los Soles, designado como organización terrorista internacional. La recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro asciende ahora a 50 millones de dólares.

En este tablero de alta tensión, la denuncia de colaboración entre Maduro y el ELN no solo agita el debate sobre el narcotráfico, sino que reabre la discusión sobre soberanía, intervención y legitimidad en América Latina. La frontera entre seguridad y geopolítica se vuelve cada vez más difusa.


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