El Gobierno del estado de Florida sigue aplicando la controvertida ley SB 4-C para arrestar migrantes indocumentados, a pesar de que su implementación fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Estados Unidos. Documentos judiciales recientes revelan que en julio fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros bajo esta normativa, lo que ha desatado una nueva ola de denuncias por desacato institucional y violación de derechos fundamentales.
La ley SB 4-C, aprobada en febrero de 2025 por impulso del gobernador republicano Ron DeSantis, convierte en delito estatal el ingreso irregular de personas al territorio floridano, permitiendo su encarcelamiento. La norma ha sido calificada como una de las más agresivas del país en materia migratoria, y su constitucionalidad está siendo evaluada por tribunales federales.
Pese a la suspensión temporal dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Florida el 18 de abril —ratificada por la Corte Suprema el 9 de julio—, el fiscal general del estado, James Uthmeier, admitió que en julio fueron arrestados el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas. Ambos fueron detenidos en el condado de Sarasota tras incidentes de tránsito, y procesados bajo los cargos establecidos en la SB 4-C.
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La jueza federal Kathleen M. Williams declaró al fiscal en desacato por incumplir su orden de frenar la aplicación de la ley, y le exigió entregar reportes periódicos sobre el número de arrestos realizados. Además, organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF) denunciaron que el estado estaría utilizando la SB 4-C para detener migrantes en el centro de detención “Alligator Alcatraz”, inaugurado el 3 de julio al oeste de Miami, con capacidad para 2.000 personas.
Los demandantes exigieron a la Corte que el Gobierno estatal aclare bajo qué autoridad opera esa instalación, luego de que un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicara que está bajo control exclusivo de Florida. Esta situación ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que la ley SB 4-C invade competencias federales y podría fomentar detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales.
La normativa se ha convertido en símbolo de la ofensiva de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular. Su resolución judicial definitiva podría sentar un precedente nacional, ya que otras entidades han mostrado interés en replicar la medida.
