La Administración Trump anunció este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que afecta directamente a más de 250.000 migrantes que residen legalmente en Estados Unidos desde 2021. El programa, instaurado por la Administración Biden, está previsto para expirar el próximo 10 de septiembre, aunque su terminación será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
En un comunicado oficial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) justificó la decisión señalando que el TPS “crea un efecto imán” que, según el Gobierno, dificulta la gestión migratoria y la seguridad fronteriza. “Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur”, expresó el organismo.
Autodeportación como política
La medida incluye una controvertida propuesta de “autodeportación voluntaria”, en la que se ofrece a los beneficiarios del TPS un boleto aéreo gratuito, un bono de salida de 1.000 dólares y la promesa de “posibles oportunidades futuras de inmigración legal”. Sin embargo, abogados especializados advierten que no existe garantía alguna sobre esos beneficios, y que la oferta podría ser una estrategia para acelerar la salida de miles de personas sin abrir procesos judiciales.
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La cancelación se produce a pesar de que una corte federal de apelaciones bloqueó recientemente los planes del Gobierno para eliminar las protecciones de casi 600.000 venezolanos. El fallo judicial reconoció que la terminación del TPS podría causar daños irreparables, como la pérdida de empleo, separación familiar y riesgo de deportación.
Un limbo legal y humano
La comunidad venezolana en Estados Unidos enfrenta ahora un escenario de alta vulnerabilidad. Sin una fecha clara de publicación oficial en el Registro Federal, y con procesos judiciales aún en curso, miles de familias quedan atrapadas en un limbo migratorio, sin certezas sobre su futuro legal ni garantías de protección.
Organizaciones como el Venezuelan American Caucus han exigido al Congreso una solución legislativa permanente, mientras que líderes comunitarios advierten que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y protección internacional.
La decisión de la Administración Trump marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, donde el TPS —diseñado para proteger a quienes huyen de crisis humanitarias— se convierte en terreno de disputa ideológica y electoral.
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