En un movimiento que redefine el vínculo entre Estado y empresa en el sector tecnológico, el Gobierno de Estados Unidos anunció la adquisición del 10% de participación en Intel, la multinacional especializada en semiconductores. La operación, confirmada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se enmarca en los fondos previamente comprometidos bajo el CHIPS and Science Act, y se realizará sin derecho a voto.
Este gesto marca un cambio profundo en la política industrial norteamericana, que históricamente ha evitado la intervención directa en compañías privadas. La decisión responde a una estrategia de seguridad tecnológica y competitividad global, en un contexto donde la fabricación de chips avanzados se ha convertido en un eje geopolítico.
Silicon Heartland y el nuevo mapa de poder
Intel, única empresa capaz de producir chips de última generación en territorio estadounidense, atraviesa una etapa de reestructuración. A pesar de enfrentar retrasos frente a competidores como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ha recibido recientemente una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de SoftBank, equivalente al 2% de su capital.
La compañía apuesta por recuperar terreno con el desarrollo de las llamadas “Silicon Heartland”, fábricas ubicadas en Ohio que comenzarán a operar en 2030. Para ello, requiere un financiamiento clave de al menos 8.000 millones de dólares, lo que explica la participación estatal como garantía de ejecución estratégica.
Trump, Tan y el mensaje al mercado global
El presidente Donald Trump se reunió este viernes con el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, quien habría aceptado el acuerdo bajo la premisa de que es favorable para la empresa. El mercado reaccionó con cautela: las acciones de Intel subieron un 6% durante la sesión del 22 de agosto, aunque se estabilizaron posteriormente.
Más allá del impacto bursátil, el mensaje es claro: el gobierno estadounidense está dispuesto a involucrarse directamente en empresas que considere esenciales para su seguridad y soberanía tecnológica. Así lo indica una nota de BitFinanzas, que interpreta esta operación como una señal al mercado global sobre el nuevo rol del Estado en la economía digital.
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