El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Venezuela en un grupo de países sujetos a un arancel específico del 15 % sobre sus exportaciones al mercado estadounidense.
La medida, anunciada el 2 de abril de 2025 y ratificada en julio mediante una actualización oficial, forma parte de una política de tarifas recíprocas que busca corregir desequilibrios comerciales persistentes.
La orden ejecutiva que sustenta esta decisión declara una “emergencia nacional” en materia comercial, alegando que la falta de reciprocidad en las relaciones bilaterales representa una amenaza para la seguridad económica de Estados Unidos.
Según la Casa Blanca, el nuevo esquema arancelario se aplicará desde el 7 de agosto y contempla un impuesto universal del 10 % para la mayoría de los países, salvo aquellos que, como Venezuela, enfrentan tasas adicionales por razones políticas o estratégicas.
Además del gravamen del 15 %, la administración Trump emitió una segunda orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25 % a cualquier país que importe petróleo o gas venezolano. Esta medida busca aislar aún más al régimen de Nicolás Maduro, en línea con las sanciones previas y la presión diplomática ejercida por Washington.
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El impacto económico de estas decisiones podría ser significativo para Venezuela, cuyo comercio exterior ya enfrenta restricciones por sanciones y pérdida de mercados. Expertos advierten que el doble arancel —sobre exportaciones generales y sobre hidrocarburos— podría agravar la contracción económica del país en 2025.
La estrategia arancelaria de Trump ha generado reacciones mixtas en América Latina. Mientras países como México lograron negociar una prórroga temporal, otros como Nicaragua, Ecuador y Bolivia también fueron incluidos en el grupo de naciones con tarifas elevadas. La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan “nivelar el campo de juego” y proteger los intereses productivos de Estados Unidos.
