Las autoridades aeronáuticas de Aruba extendieron hasta el 27 de noviembre la restricción de vuelos desde y hacia Venezuela, según el NOTAM A0479/25 emitido por el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. La medida —que abarca vuelos de pasajeros, carga y aviación general— afecta directamente la conexión con las llamadas Islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), territorios insulares del Caribe neerlandés con estrechos vínculos comerciales y migratorios con Venezuela.
La decisión se inscribe en una serie de prórrogas consecutivas que mantienen bloqueadas las conexiones aéreas entre ambos territorios desde 2019, cuando Venezuela cerró sus fronteras con Aruba y Curazao en medio de tensiones diplomáticas. Aunque en años recientes se logró reabrir la vía marítima para intercambios comerciales, el espacio aéreo sigue siendo un punto de fricción.
El mar como puente vital
Desde el puerto artesanal de La Vela de Coro, en el estado Falcón, zarpa gran parte de la producción agrícola que abastece a las Islas ABC. Frutas, verduras y hortalizas venezolanas se han convertido en el motor que mantiene abastecidos estos mercados insulares, en un flujo constante que compensa la parálisis aérea.
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“Mes a mes vemos cómo las exportaciones crecen. Curazao depende directamente de lo que enviamos desde aquí; somos su principal proveedor de frutas, verduras y hortalizas”, afirmó Joselis López, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Vela de Coro, durante una entrevista radial.
Frontera suspendida, vínculo persistente
La prolongación de la restricción aérea contrasta con la creciente interdependencia comercial entre Venezuela y las islas vecinas. A pesar de las limitaciones, el vínculo económico persiste por vía marítima, sostenido por comunidades que comparten historia, cercanía geográfica y necesidades complementarias.
La medida impacta especialmente a la comunidad venezolana residente en Aruba, estimada en más de 17.000 personas, muchas de ellas con lazos familiares y comerciales en Falcón. La continuidad de la prohibición aérea refuerza la necesidad de soluciones diplomáticas que permitan restablecer el tránsito legal y seguro entre ambos territorios.
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