El exgobernador del estado Nueva Esparta y exalcalde de Porlamar, Alfredo Díaz, acumula ya 249 días de detención por parte del régimen venezolano, sin que exista una acusación formal, audiencia judicial ni acceso a garantías legales mínimas.
Desde su arresto el pasado 24 de noviembre de 2024, no se han dado a conocer públicamente los cargos en su contra ni se ha confirmado su lugar de reclusión. La opacidad institucional, el silencio de las autoridades y la falta de acceso a defensa técnica han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes opositores y especialistas jurídicos.
La ausencia de información oficial y la inexistencia de una respuesta judicial transparente refuerzan las denuncias de que el caso constituye una violación flagrante al debido proceso y a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana.
Lea Tambien: “Si me encuentran, me van a desaparecer”: la denuncia de María Corina Machado desde la clandestinidad
Familiares y allegados al dirigente afirman que han sido mantenidos al margen del proceso, sin poder constatar su situación física ni jurídica. Mientras tanto, desde distintos sectores se exige su liberación inmediata y la restitución de sus derechos.
El caso de Díaz se inscribe en una serie de detenciones calificadas como arbitrarias por organismos internacionales, que advierten sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política en Venezuela.
