El Parlamento de Irak aprobó en enero de 2025 una serie de reformas legales que, según organizaciones de derechos humanos, permiten de facto el matrimonio infantil. Las enmiendas, centradas en la Ley del Estatuto Personal, otorgan mayor autoridad a los tribunales islámicos para decidir sobre asuntos familiares como el matrimonio, el divorcio y la herencia, debilitando las protecciones establecidas desde 1959.
Hasta ahora, la edad mínima legal para contraer matrimonio en Irak era de 18 años, con excepciones reguladas estrictamente. Sin embargo, los cambios aprobados permiten que clérigos religiosos dicten fallos conforme a su interpretación de la ley islámica. En el caso de la escuela Jaafari —seguida por muchas autoridades chiítas en el país— esto podría permitir matrimonios desde los 9 años.
La aprobación de la ley generó protestas en Bagdad y fuertes críticas de activistas como Intisar al-Mayali, miembro de la Liga de Mujeres Iraquíes, quien advirtió que “viola el derecho de las niñas a vivir como niñas” y desmantela mecanismos de protección en temas como custodia, divorcio y herencia.
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La sesión parlamentaria fue caótica. Según fuentes legislativas, la votación se realizó sin quórum legal, y varios diputados protestaron en voz alta, denunciando irregularidades en el procedimiento. Las tres leyes aprobadas —incluyendo una ley de amnistía general y otra sobre restitución de tierras— fueron votadas en bloque, lo que podría derivar en apelaciones ante el Tribunal Federal.
Los defensores de la reforma, principalmente legisladores chiítas conservadores, argumentan que las leyes buscan alinear el marco jurídico con los principios islámicos y reducir la influencia occidental sobre la cultura iraquí. Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Watch y UNICEF han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la infancia y el desarrollo de las niñas.
El matrimonio infantil está vinculado a mayores tasas de deserción escolar, embarazos precoces, violencia doméstica y pobreza estructural. La Organización Mundial de la Salud advierte que las niñas casadas antes de los 18 años enfrentan riesgos elevados de complicaciones médicas, exclusión social y dependencia económica.
La legalización del matrimonio infantil en Irak representa un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos, en un contexto regional marcado por tensiones religiosas, desigualdad de género y fragilidad institucional. La medida reactiva el debate sobre el papel del Estado en la defensa de la infancia frente a interpretaciones religiosas que vulneran derechos fundamentales.
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